La LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, representa una de las reformas educativas más recientes en el sistema español. Uno de sus pilares fundamentales es el compromiso con una educación inclusiva, es decir, aquella que garantice el derecho de todos los alumnos y alumnas a aprender en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades, procedencias o circunstancias personales. Pero, más allá de su formulación legal, ¿realmente estamos ante un cambio transformador o ante una promesa bienintencionada pero difícil de concretar?
Avances prometidos por la LOMLOE
La ley se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y reconoce la obligación del sistema educativo de adaptarse a la diversidad del alumnado. Entre sus medidas más destacadas se encuentran:
La garantía de recursos para atender a quienes requieren una atención diferente (Art. 71).
La colaboración entre administraciones y entidades para favorecer la inclusión (Art. 72).
El derecho del alumnado con NEE a continuar su escolarización en centros ordinarios (Art. 74).
Un plan a diez años para dotar a los centros de medios adecuados (Disposición adicional cuarta).
Estas propuestas suponen un reconocimiento del derecho a una educación inclusiva y del deber institucional de garantizarla, lo que marca una diferencia con legislaciones anteriores más centradas en la integración que en la inclusión real.
Los retos de la aplicación: de la teoría a la práctica
A pesar de su potencial transformador, la aplicación efectiva de la LOMLOE enfrenta varios obstáculos. El primero y más evidente es la falta de recursos. Para que la inclusión no sea solo una declaración, es necesario contar con docentes especializados, orientadores, materiales adaptados, formación continua y una reducción real de la ratio por aula.
También se observa una resistencia al cambio en parte del profesorado y algunas familias, preocupadas por la atención que podrá recibir el alumnado con discapacidad en centros ordinarios si no se acompaña con los apoyos suficientes. En algunos contextos, esto ha generado tensiones o percepciones de que la inclusión es una "carga" y no un derecho compartido.
Desde mi experiencia en las aulas, he podido observar cómo las buenas intenciones a veces se diluyen por la falta de medios. He conocido casos de alumnos con NEE que pasaban gran parte del día sin apoyos suficientes, o bien de docentes que, con la mejor voluntad, no tenían la formación necesaria para adaptar su metodología a la diversidad real del grupo. Esto no es una cuestión de voluntad, sino de política educativa concreta y sostenida.
Reflexión final: entre la norma y la realidad
La LOMLOE plantea un marco legal más inclusivo y justo, pero no será eficaz si no se acompaña de una inversión sostenida, de una formación docente integral y de un seguimiento serio de su aplicación. La inclusión no puede depender de la motivación individual, sino que debe ser una responsabilidad compartida y respaldada por el Estado.
La educación inclusiva no es una utopía, es un derecho. Y como tal, exige recursos, compromiso y acción. No basta con escribirlo en una ley: hay que construirlo cada día en las aulas.
¿Y tú, crees que la inclusión es una realidad en tu entorno educativo, o queda aún mucho camino por recorrer?
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